Han despedido a Fátima Camacho, la secretaria del Colegio desde hace muchos años. Y la razón ha sido que Regueiro no la traga. Únicamente esa. La cacicada es de las gordas: nos va a costar a los colegiados más de 50.000 € por la más que previsible indemnización por despido improcedente. Y lo peor va a ser que su sustitución no va a ser fácil, ya que Fátima es una buena profesional, con un conocimiento sobre el funcionamiento del Colegio que dudo yo que nadie más pueda tener.

Tanto Regueiro como Nieves Sánchez han actuado en este asunto con una torpeza e ineptitud extraordinarias, incluso para ellos. Y el resto de la junta, buenos acólitos, compinches y palmeros. El juzgado de lo social nos va a poner las peras al cuarto al Icog. Pero a ellos les da igual: no es su dinero el que están tirando por el desagüe y en la próxima asamblea volverán a gozar del apoyo de sus amiguetes y del desinterés del resto del colectivo.

Antaño Regueiro y Fátima fueron compañeros en el Igme y desde aquella época su relación no ha sido buena. Durante todas estas décadas en las que Regueiro ha sido secretario y vicepresidente del Colegio, ha estado tragando bilis por tener que soportar a Fátima como secretaria.

Yo mismo he estado presente en numerosas ocasiones en las que Regueiro manifestaba sus ganas de echarla y tenía que ser contenido por el resto de nosotros con argumentos de peso como su valía profesional y, como no, el coste que suponía su despido.

Pero cuando un satrapilla adquiere gorra y galones, ya se sabe lo que ocurre… El problema es que la juerga la vamos a pagar todos.

 

Pero el lío con el personal laboral del ICOG no termina ahí. Hay dos casos más en los que concurren determinadas situaciones anómalas: Carla y Nieves.

A Nieves Paniagua la han aupado a la Junta de Gobierno en las últimas elecciones habidas en nuestro Colegio, las mismas que están recurridas judicialmente por las turbias maniobras del comité electoral para dificultar el voto por correo (han marcado el mínimo histórico, con 119 votos recibidos). Independientemente del resultado del contencioso, lo verdaderamente llamativo es que Nieves Paniagua se presente como candidata a la Junta y esté actualmente sentada a una mesa donde pueden valorarse, y votarse, temas que la afectan profesionalmente (sueldo, horario, etc).

Existe un claro y evidente conflicto de intereses en la presencia, con voz y voto, de un asalariado en la junta directiva de una entidad, colegial o de cualquier tipo.

Habría que preguntarse cuáles pueden ser los motivos de esta flagrante anomalía. Yo os apunto varios:

  1. Desfachatez del equipo directivo que no solo consiente sino que promueve esta situación.
  2. Falta de candidatos acólitos, es decir, “banquillo”, por la cual tuvieron que recurrir a reclutar a la única persona que tenían a mano.
  3. Completa falta de perspectiva de la propia Nieves, que no comprende que su privilegiada actual posición profesional puede verse comprometida en cuanto cambie la dirección del ICOG o no gane su vocalía en las próximas elecciones. Ha unido su continuidad profesional a su carrera política.

 El caso de Carla viene de más atrás y fue una especie de “gol” que nos coló Regueiro en la anterior Junta de Gobierno. Fue enchufada sin más como colaboradora en la oficina del colegio y en cuanto hubo unas elecciones, concurrió como vicesecretaria con el apoyo expreso de su valedor y el silencio de los demás. Una vez instalada en la Junta, siguió cobrando un buen sueldo hasta fechas muy recientes.

 

Como se puede ver, el grado de clientelismo y hasta de nepotismo del presidente es elevado. Nadie más que él en el Colegio, que yo sepa, ha actuado de semejante forma. Regueiro mas que un presidente es un jefe déspota y mandón, que premia a sus amigos con sueldos y cargos y castiga a los enemigos (o eso intenta) utilizando para ambas cosas los medios del Icog, que pagamos todos.

 

Al hilo de esto último, tengo que informaros que la sanción deontológica que pesa sobre el autor de este escrito está recurrida en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid y que recientemente este tribunal ha dictado la suspensión de dicha sanción. A todo esto, la Junta lleva ya gastados 3.600 € en abogados sólo para este expediente.