El auto de apertura de juicio oral le llegó el mes pasado. Acusado de varios graves delitos, puede ser inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

¿Se sentará en el banquillo representando a los geólogos?

Lo que sí sabemos seguro es que va a ser juzgado por delito continuado de usurpación del estado civil, tipificado en el artículo 401 del código penal y por el delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (artículo 441 del código penal) en el procedimiento abreviado 2933/2016 del juzgado de instrucción nº 39 de Madrid.

Todo arranca de una denuncia interpuesta por un colegiado que descubrió que su firma había sido utilizada por el entonces vicepresidente del Colegio Manuel Regueiro para visar determinados trabajos ocultando la verdadera identidad del autor, que, al ser funcionario sin tener reconocida compatibilidad alguna, no podía figurar como tal.

Este asunto viene a sumarse a toda la cadena de actuaciones irregulares que está caracterizando el mandato de Regueiro. Y es que la situación del Colegio de Geólogos (ICOG) no puede ser peor desde la llegada de la actual directiva.

Ya en la primera asamblea celebrada bajo el mandato de Regueiro (2017) sucedió un hecho sin precedentes en las cuatro décadas de actividad del ICOG: se presentaron los presupuestos sin el acuerdo del tesorero, contraviniendo los estatutos de la entidad. Dichos presupuestos apócrifos, condujeron a unas pérdidas en el ejercicio cercanas a los 60.000 €.

Las elecciones celebradas el año pasado también están recurridas judicialmente y la inminente sentencia seguramente conllevará la repetición de las mismas, otro hecho inédito en la historia colegial. En el transcurso del anterior ejercicio, además, se han producido represalias a colegiados críticos y despidos que han sido declarados improcedentes por los tribunales, que han supuesto más de 100.000 € de indemnizaciones.

Lo que ahora está en entredicho es la idoneidad del presidente para el puesto que ocupa representando a los geólogos españoles, ya que al margen del presunto delito de suplantación de la personalidad, lo que si esta ya más que acreditado es la falta de ética profesional que ha mostrado al estar ejerciendo la profesión de forma desleal por su condición de funcionario público.

En cualquier institución seria, la apertura de juicio oral marca la frontera de la dimisión o el cese. ¿A que espera Regueiro para dimitir?